Guardar. Jurisdicción constitucional y derechos fundamentals DyRRII. Pero es que, además, ni siquiera se pretende con la enmienda presentada que la propuesta de magistrados por parte del Consejo lo sea por mayoría absoluta y no de 3/5, que ya sería grave, sino algo peor: que no se apruebe por el Consejo la propuesta conjunta de los dos magistrados, sino que cada uno de ellos sea aprobado sólo por una parte de los componentes del Consejo. Solicita que sea declarada improcedente o infundada, pues, conforme a la Ley 28044, Ley General de Educación, a las demandantes les corresponde la educación dirigida a los adultos. 40 Artículo 1° de la Ley N.° 8489: "Créanse dos cargos de Procuradores Generales de la República, que serán nombrados por el Gobierno, encargados de defender al Estado en todas las instancias en los pleitos civiles en . En ese sentido, la Primera Fiscalía Superior en lo Penal de Lima, con fecha 5 de diciembre de 2001, formuló acusación contra el actor por delito de peculado, aseverando que, del desarrollo de la instrucción, ha quedado establecido que éste se apoderó del dinero recaudado por cobro de parquímetros aprovechando su condición de alcalde de dicha comuna. Deja tu wsp para las diapositivas, No basta apreciación subjetiva para justificar vulneración del derecho al medio ambiente sano y equilibrado [Exp. El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada la demanda de amparo (Expediente 00853-2015-PA/TC) interpuesta por dos hermanas contra la UGEL de Utcubamba, Amazonas, a fin de que se les reconozca su derecho a estudiar en el primer grado de educación secundaria. En realidad, considerados conjuntamente, tales derechos garantizan que el acusado pueda conocer de la acusación formulada en su contra en el curso del proceso penal y, de esa manera, tener la posibilidad real y efectiva de defenderse de los cargos que se le imputan, pero también que exista congruencia entre los términos de la acusación fiscal y el pronunciamiento definitivo del Tribunal Superior, pues de otra forma se enervaría la esencia misma del contradictorio, garantía natural del debido proceso judicial, y con ello también el ejercicio pleno del derecho de defensa del acusado. Juan Carlos Campo, Laura Díez, César Tolosa y María Luisa Segoviano tomarán posesión el 9 de enero. Interpretación constitucional de los Derechos Fundamentales 5. 00604-2018-PA/TC-Cajamarca]. Zoom: Clase en vivo sobre nulidad manifiesta y proceso de desalojo…. Hasta el 8 de febrero libro…, Responsabilidad extracontractual de un cónyuge no afecta los bienes propios del…, Es acto de hostilidad sancionar a trabajadora por no usar mascarilla,…, ¿Hasta cuándo las entidades públicas podían identificar contratos CAS a plazo…, ¿Cómo se realiza el cálculo de la indemnización por despido arbitrario?…, Constitución de deuda por uno de los cónyuges no imposibilita que…. En tercer lugar, las reformas son inconstitucionales por la ruptura del sistema de renovación del Tribunal Constitucional por tercios, ya que, frente al claro mandato de la Constitución, la enmienda permite que esa renovación, en lugar de por tercios, sea por sextos. Por eso, entre otras razones, es inconstitucional el reparto por cuotas políticas, de manera que lo que la Constitución exige es que la mayoría de 3/5 refleje un auténtico consenso, que incluye obviamente vetos mutuos (me remito a mi artículo La inconstitucionalidad de las cuotas publicado en este periódico el 4 de octubre pasado). 5. 6.- En ese orden de ideas, dentro del derecho a la defensa resulta un imperativo inexorable señalar que para efectos del procesamiento y sanción por la comisión de ilícitos penales, se debe observar el principio de concordancia entre la acusación y la determinación del tipo penal, pues en ello reside la garantía de que toda persona en la que recae un cargo incriminatorio pueda orientar su defensa a partir de argumentos específicamente dirigidos a neutralizar dichas imputaciones. Cándido Conde-Pumpido ha puesto el broche de oro a una carrera como pocas en la judicatura tras ser elegido presidente del Tribunal Constitucional. 1.- De autos se advierte que el recurrente solicita se declare la nulidad de la sentencia de fecha 14 de junio de 2002, que lo condenó a 4 años de pena privativa de la libertad, suspendida por un periodo de prueba de 3 años, alegando que ésta no fue debidamente motivada y que se ha vulnerado su derecho a la defensa, pues no se ha tipificado de modo preciso la conducta punible atribuida a su persona, ya que se le terminó condenando por una modalidad delictiva que no fue materia de la instrucción. De ahí la importancia crucial de poner de manifiesto la inconstitucionalidad, formal y material, de estas enmiendas, por los motivos que a continuación explicaré. En realidad, lo que sucede aquí es que se renuncia a cualquier «encubrimiento» del inconstitucional reparto por cuotas políticas que desde los años 80 del pasado siglo, de manera reprochable, habían venido practicando tanto el PSOE como el PP, para consagrar directa y descaradamente en la ley tal reparto, ya que la enmienda viene a dejar de lado cualquier apariencia de consenso formal y determina que, de los dos magistrados constitucionales, cada uno de ellos será elegido por la voluntad exclusiva de los vocales que le voten. Correo GmailGobierno AbiertoIntranet InstitucionalVentanilla AdministrativaVentanilla JurisdiccionalMesa de Partes VirtualVerificador de Documentos El principio de supremacía constitucional constituye uno de los pilares fundamentales del Estado social y democrático de derecho. 4.- La Constitución, en su artículo 139, inciso 14, reconoce el derecho a la defensa; en virtud de dicho derecho se garantiza que los justiciables, en la protección de sus derechos y obligaciones, cualquiera sea su naturaleza (civil, mercantil, penal, laboral, etc. Por lo dicho queda sentado que en nuestro sistema constitucional rige el principio de un Estado Social y Democrático de Derecho en el que la participación ciudadana en la composición del gobierno adquiere una posición constitucional relevante, en base a principios democráticos. Es cierto que puede darse el caso, como ahora, de que el Gobierno sí tenga decididos los dos nombres que desea proponer, y el Consejo no, porque se produzca en su seno un bloqueo en la designación. Aunque cabría preguntarse: ¿quiénes bloquean ahora en el Consejo? todos ellos juristas con más . ¿ESTADO CONVENCIONAL DE DERECHO?Nos preguntamos, ¿Es posible hablar de un Control de Convencionalidad?En los últimos lustros la Corte Interamericana de Derec. Eliminar esa facultad y trasladarla, como la enmienda pretende, a los propios órganos políticos que realizan las propuestas, significa, aparte de un menosprecio al Tribunal, dejar sin control jurídico independiente el cumplimiento de tales requisitos. Director: Roger Vilca | Fundador: Roger Vilca. Aquí la inconstitucionalidad es aún más patente. efectivamente y así lo reconoce el tribunal constitucional, el estado peruano no solo es un "estado social y democrático de derecho" cuyo fundamento es el reconocimiento de los derechos individuales y sociales, sino también un "estado constitucional de derecho" cuya principal característica es garantizar y hacer efectivos los principios y valores … Aparte de su manifiesta inconstitucionalidad, el disparate jurídico que se intenta perpetrar es de tal calibre que uno no comprende cómo el Gobierno, que tiene a su servicio a suficientes asesores jurídicos pagados con el dinero de todos los españoles, haya podido instar y tutelar tamaña iniciativa. 4. 427-5814 Anexo 128 VERGARA GOTELLI Para el ámbito legal, ver Principio de legalidad. Examen JNJ: Veintiún preguntas sobre derecho constitucional. un Estado Constitucional de Derecho, los límites a su actuación, y el papel que ha . Tribunal Constitucional, EXP. Sin embargo, pese a que el director de la I. E. 16957 Jesús Divino Maestro, ubicada a una distancia más cercana, permitió que las hermanas, de 18 y 19 años respectivamente, puedan matricularse, la UGEL no autorizó ni reconoció de manera excepcional sus matrículas escolares, ni incluirlas en la respectiva nómina de estudiantes. Lunes a Viernes de 8:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 4:45 pm Lectura de expedientes: Lunes a Viernes de 8:00 am a 11:00 am. Sustentan su demanda en que se ha vulnerado su derecho a la educación, igualdad y a no ser discriminadas, dado que, aun cuando el director de la institución educativa haya aceptado sus solicitudes de matrícula y, por ende, que formen parte de la nómina de estudiantes del 2013 y sean aceptadas en el Sistema de Información de Apoyo a la Gestión en la Institución Educativa (Siagie), la emplazada UGEL observó la nómina y sus matrículas debido a que no contaban con las edades para ser matriculadas (son mayores de edad), indicando además que no podían acogerse al derecho de continuidad. El régimen de Derecho Social instituido en la Constitución Política de 1998, ha sido sustituido tras la reciente publicación de un nuevo texto constitucional, Registro Oficial Nro. Como fenómeno histórico en evolución permanente, el Estado de Derecho contemporáneo no se erige únicamente a partir de la existencia de una Constitución formal. Demanda Con fecha 4 de noviembre de 2013, doña Marleni Cieza Fernández y doña Elita Cieza Fernández presentan demanda de amparo contra el director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Utcubamba (UGEL de Utcubamba), a fin de que se les reconozca su derecho a estudiar en el primer grado de educación secundaria en la I. E. 16957 Jesús Divino Maestro, del caserío La Flor, distrito de Cumba, provincia de Utcubamba, Amazonas. Importancia de la constitucin en el Estado de Derecho Constitucional. Exige una concepción de la Constitución como norma jurídica, la primera entre todas, que debe ser cumplida acorde con el grado de compromiso constitucional de los ciudadanos y gobernantes, en el sentido de que todos y cada uno de los preceptos constitucionales tienen la condición de norma jurídica, siendo cada uno parámetro para apreciar la constitucionalidad de otras normas y de los actos de gobierno (FJ 8). Lea también: TC declara fundada demanda de amparo a favor de comuneros que fueron expulsados de su comunidad. una de las características de los estados-nación contemporáneos es la premisa de los gobiernos por generar las condiciones óptimas para que su sociedad goce de riqueza, estableciendo. Este artículo se publicó originalmente en El Mundo. ), no queden en estado de indefensión. Esto, jurídicamente, es una auténtica aberración, pues se rompe de manera clara el principio de colegialidad, que requiere que todos los vocales hayan de votar necesariamente sobre lo mismo, y por ello todos han de manifestar su voluntad sobre el contenido completo del acto sometido a votación, que, por mandato constitucional, no es elegir a uno, sino a los dos magistrados del Tribunal Constitucional, para que esa decisión represente la voluntad, no de partes separadas del Consejo, sino del Consejo en su conjunto. Oficina de Trámite Documentario y Archivo EFE/ Kiko Huesca. Tribunal Constitucional. 8. 3.- En tal sentido, “(…) es menester precisar que, si bien la calificación del tipo penal es atribución del juez penal, la tutela jurisdiccional efectiva se concreta a través de las garantías que, dentro de un íter procesal diseñado en la ley, están previstas en la Constitución Política. Estado Derecho Legislativo 3. 002250-2022-Servir/TSC-Segunda Sala], Feminicidio: las características del arma y su idoneidad denotan la posibilidad de causar daño —intención de matar— [RN 1275-2019, Lima Norte]. 3. En Lima, a los 14 días del mes de marzo de 2017, el Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por los señores magistrados Miranda Canales, Ledesma Narváez, Urviola Hani, Blume Fortini, Ramos Núñez y Sardón de Taboada pronuncia la siguiente sentencia, con el abocamiento del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera, aprobado en la sesión del pleno de fecha 11 de octubre de 2016. Más información. Arequipa N° 2720 / Teléfono 4275814 – Anexo 500, http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/00030-2005-AI.pdf, http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/05854-2005-AA.pdf, http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/02939-2004-AA.pdf, http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/02502-2005-HC.pdf. Zoom: Clase en vivo sobre nulidad manifiesta y proceso de desalojo…. Esto, jurídicamente, es una auténtica aberración, pues se rompe de manera clara el principio de colegialidad, que requiere que todos los vocales hayan de votar necesariamente sobre lo mismo, y por ello todos han de manifestar su voluntad sobre el contenido completo del acto sometido a votación, que, por mandato constitucional, no es elegir a uno, sino a los dos magistrados del Constitucional, para que esa decisión represente la voluntad, no de partes separadas del Consejo, sino del Consejo en su conjunto. Utilizamos cookies para el correcto funcionamiento de la página web y analíticas para estadísticas. De este . No quiero hacer un juicio de intenciones, pero si en verdad ello fuera así (y hay suficientes indicios que lo avalan), esta maniobra legislativa no vendría más que a confirmar que, para desgracia de los españoles, corren muy malos tiempos para nuestro Estado constitucional y democrático de derecho. María Luisa Balaguer (Almería, 1953) es una destacada catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga desde hace décadas. 2- Es obligatorio que todas las iglesias, asociaciones y grupos religiosos estén registrados. Diplomado: Código Procesal Civil y litigación oral. Cuarto, por la sustracción al Tribunal Constitucional de la competencia de controlar el cumplimiento de los requisitos para acceder al cargo de magistrado, algo que, de manera perfectamente razonable, la LOTC le atribuyó desde que en octubre de 1979 entró en vigor. *. Tu dirección de correo electrónico no será publicada. 159: duración del mandato: 9 años y se renovara 1/3 cada 3: garantía a la independencia del TC Además, estos deberán ser nombrados entre Magistrados, profesores, abogados. 6. Más información en Suscripciones Unidad Editorial - El Mundo. Si el Tribunal Constitucional se desvirtúa quedarían sin protección jurídica nuestras garantías constitucionales, con lo cual nuestro Estado constitucional de derecho dejaría de serlo, pues la Constitución pasaría a ser, como se dijo en una célebre frase, «una página en blanco que el legislador puede escribir a su capricho». Asimismo, manifiesta que, debido a que estimaba que el delito por el que se le acusaba era de peculado culposo, basó su defensa sobre dicha modalidad, siendo finalmente condenado por la modalidad dolosa de dicho tipo penal. Con fecha 19 de febrero de 2014, la procuradora pública regional adjunta del Gobierno Regional de Amazonas se apersona y contesta la demanda. Asimismo, las recurrentes exigen que se cumpla que se cumpla lo establecido en el artículo 17 de la Constitución, según el cual «(…) El Estado promueve la creación de centros de educación donde la población los requiera. Manuel Aragón es catedrático emérito de Derecho Constitucional y magistrado emérito del Tribunal Constitucional. Zoom: Clase en vivo sobre nulidad manifiesta y proceso de desalojo…. Manifiestan que, en el caserío en el que viven, no existe ninguna institución de educación básica alternativa secundaria, por lo que se vieron forzadas a continuar sus estudios en la I. E. 16957 Jesús Divino Maestro, la que, según refieren, se encuentra a una hora y media de camino desde el lugar donde viven. | Jurisprudencia. Y tal exigencia resulta insoslayable tanto para los magistrados que proponen el Congreso y el Senado, como para los que propone el CGPJ (no así para los que propone el Gobierno, a cuyas decisiones no puede aplicarse la regla del consenso, pero sí la corrección constitucional de que su propuesta de dos magistrados recaiga sobre juristas de reconocida solvencia y probada independencia y objetividad). En este último el mandato de la norma impera por sobre la voluntad o el poder de los gobernantes diferenciándolo de las múltiples variantes absolutistas. Siguiendo el camino de las otras reformas que se pretenden y a las que he aludido al comienzo de este artículo, estas últimas reformas se presentan como enmiendas a una proposición de ley en tramitación, eludiendo así los informes preceptivos del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial, así como impidiendo un amplio y detallado debate parlamentario, ya que se ha optado por aprobarlas con toda celeridad («en días», aseguran sus promotores). La enmienda impone así asombrosamente que cada uno de los vocales del Consejo sólo pueda proponer un nombre y que, en la votación, cada uno de los vocales únicamente podrá votar a un solo candidato, no a dos conjuntamente, de manera que saldrán elegidos, no los dos que hubieran obtenido la mayoría de los 3/5, sino, por mayoría simple, los dos que hayan obtenido más votos. Argumenta que no se ha tipificado de modo preciso la conducta punible atribuida a su persona, ya que se le condenó por una modalidad delictiva que no fue materia de la instrucción, lo que impidió su efectiva defensa. A través de los tres ejes señalados, se hace un estudio de la doctrina que, posterior a la reforma constitucional de 2005, sostiene la necesidad de un cambio constitucional, con el objeto de analizar qué concepto de concepto de constitución subyace a la discusión académica sobre la necesidad de una nueva carta fundamental, utilizando como . Primero, tiene que ser suficiente, pues debe expresar, por sí misma, las condiciones de hecho y de derecho que sirven para dictar la medida o mantenerla. Relación cronológica de Declaraciones. Lea también: Descargue en PDF «Compendio de sentencias del TC sobre el debido proceso». 209 – San Isidro – Lima / Teléfono: (01) 4403589, Av. 29/12/2022 - El Pleno del TC verifica por unanimidad que los cuatro juristas propuestos por el Gobierno y el CGPJ cumplen los requisitos exigidos por la Constitución. Es aquella sociedad donde rige la constitución y las demás leyes están subordinadas a ella. Madrid 11 de enero del 2023. Además, solicitan que se les incluya en la nómina de matrícula del citado grado. Examen JNJ: Ocho preguntas sobre argumentación jurídica. URGENTE: Fiscal de la Nación abre investigación contra Dina Boluarte por... Congreso otorgó voto de confianza al gabinete Otárola. Primero, por el procedimiento empleado. De acuerdo a lo establecido en el artículo primero de esta ley sobre la naturaleza y autonomía del TC, "El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Examen JNJ: Veintiún preguntas sobre derecho constitucional. Se te ha enviado una contraseña por correo electrónico. Los cuatro nuevos magistrados del Constitucional prometen su cargo ante el rey. 7.- Asimismo tratándose de cualquier medida restrictiva de la libertad personal, la motivación en la adopción de la medida es un requisito indispensable, pues solo de esa manera será posible determinar si una decisión judicial es arbitraria, o no. De este modo, el derecho a la propiedad no sólo adquiere la categoría . Finalmente, mencionan que les resultaría imposible aceptar la modalidad básica alternativa, pues la institución educativa que cuenta con esta se encuentra en la capital Bagua Grande. 1 Es una condición política que no hace referencia a ninguna ley en concreto. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE ESPAÑA . El Tribunal, por ser supremo intérprete de la Constitución, ha de tener la competencia de supervisar, con carácter previo al nombramiento, si quienes van a acceder a él reúnen los requisitos que la propia Constitución ha establecido. ¿Aquellos que no quieren renunciar al inconstitucional reparto por cuotas? Además de este requisito, hacen falta dos elementos sin los cuales un Estado de Derecho no puede ser constitucional. Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus de autos. Con fecha 11 de enero de 2006 el recurrente interpone demanda de habeas corpus contra los integrantes de la Primera Sala Penal de Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, por vulneración de la libertad individual y el debido proceso. Esto es así porque la Constitución, a partir del principio de supremacía constitucional, sienta las bases constitucionales sobre las que se edifican las diversas instituciones del Estado; a su vez dicho principio exige que todas las acciones personales civiles, económicas, sociales y sobre todo militares deben estar de acuerdo con las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico que la Constitución señala. Cabe precisar que dadas las características del presente caso, este extremo de lo peticionado tiene relación con el examen de las obligaciones estatales de disponibilidad y accesibilidad de la educación para mujeres en el ámbito rural. 487 - 560 - CHEVALIER, Jacques, El Estado de Derecho, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2015 . Inicio, 11 de enero, Curso completo de responsabilidad civil. 5.- El Tribunal Constitucional estableció en la sentencia recaída en el Exp. Un cambio en la Constitución podría rehabilitar el derecho civil valenciano. La lógica descrita, por otra parte, se encuentra explícitamente enunciada en diversos dispositivos aplicables al proceso penal, como el artículo 92 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, y los artículos 225, incisos 2 y 3, 226, 243, 273 y 285 del Código de Procedimientos Penales. el estado constitucional se inscribe, entonces, también en el ideal racionalista del ejercicio limitado del poder y la protección de las personas, porque sus acciones sobre las propias personas, las relaciones entre ellas y aquellas que se producen entre los órganos del estado deberán orientarse por la interpretación y aplicación de las normas … Suscripciones Unidad Editorial - El Mundo, A vueltas con la rebaja de las penas y su aplicación retroactiva, La pregunta ya no es si los iraníes derrocarán al ayatolá. A partir del momento en que la jurisdicción reconoce la fuerza normativa de la Constitución y asume que su lealtad a la ley se desvanece cuando ésta contraviene los postulados constitucionales, sucumbe el principio de soberanía parlamentaria y se consolida el principio de supremacía constitucional. Los cuatro nuevos magistrados del Constitucional toman posesión de sus cargos tras meses de bloqueo. Estado de Derecho: Aunque no desconoce los principios del Estado liberal, es un tipo de Estado que se caracteriza por la prevalencia de la ley sobre el gobernante. Hasta el 8 de febrero libro…, Responsabilidad extracontractual de un cónyuge no afecta los bienes propios del…, Es acto de hostilidad sancionar a trabajadora por no usar mascarilla,…, ¿Hasta cuándo las entidades públicas podían identificar contratos CAS a plazo…, ¿Cómo se realiza el cálculo de la indemnización por despido arbitrario?…, Constitución de deuda por uno de los cónyuges no imposibilita que…. Así ha ocurrido siempre en ocasiones anteriores (con retrasos en la renovación que, en la mayoría de los casos, tuvieron una duración más larga que la actual de seis meses). Que el Tribunal Constitucional esté presidido a partir de ahora por un magistrado fuertemente vinculado al PSOE hace pensar que el tribunal de garantías se mantendrá dividido en los próximos años. Lea también: TC: Descuento de planilla del 100 % de la remuneración por deudas es inconstitucional. Diplomado: Código Procesal Civil y litigación oral. A diferencia del Estado Legal que proyectaba la supremacía de la ley sobre los restantes mandatos jurídicos, el Estado Constitucional propone la Supremacía de la Constitución en el ordenamiento jurídico, reconociendo su carácter de norma de normas y su fuerza legitimadora. Portal de TransparenciaContacto, Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, Jr. Ancash Nro. Lea también: Audiencia de requerimiento de detención preliminar contra Pedro Castillo. El magistrado presidente del Tribunal Constitucional (TC), doctor Milton Ray Guevara, anunció que el lema institucional que asumieron para el año 2023 es "Constitución y dominicanidad", y afirmó que constituye un estímulo para las acciones que desarrolla este órgano constitucional. Derecho Constitucional; Fichas TC - Esquemas. 00604-2018-PA/TC-Cajamarca]. Inicio, 11 de enero, Curso completo de responsabilidad civil. 390 – Cercado de Lima / Teléfono (01) 4275814, Calle Misti Nro. Y tal exigencia resulta insoslayable tanto para los magistrados que proponen el Congreso y el Senado, como para los que propone el CGPJ (no así para los que propone el Gobierno, a cuyas decisiones no puede aplicarse la regla del consenso, pero sí la corrección constitucional de que su propuesta de dos magistrados recaiga sobre juristas de reconocida solvencia y probada independencia y objetividad). 0 Comentarios. Tlf. Con fecha 28 de noviembre de 2013, el director de la UGEL de Utcubamba se apersona, propone las excepciones de incompetencia, falta de agotamiento de la vía administrativa y falta de legitimidad para obrar del demandado, y contesta la demanda. La Constitución, en su artículo 139, inciso 14, reconoce el derecho a la defensa; en virtud de dicho derecho se garantiza que los justiciables, en la protección de sus derechos y obligaciones, cualquiera sea su naturaleza (civil, mercantil, penal, laboral, etc. Asimismo, se agregan el fundamento de voto del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera y los votos singulares de los  magistrados Urviola Hani y Sardón de Taboada, y el fundamento de voto del magistrado Miranda Canales. Precedentes Vinculantes Estado de Cosas Inconstitucional Procesos Constitucionales Régimen Económico Sistematización Jurisprudencial Jurisprudencia Relevante Sentencias Exhortativas Precedentes Vinculantes Estado de Cosas Inconstitucional Procesos Constitucionales Régimen Económico Sistematización Jurisprudencial Jurisprudencia relevante En tercer lugar, las reformas son inconstitucionales por la ruptura del sistema de renovación del Constitucional por tercios, ya que, frente al claro mandato de la Constitución, la enmienda permite que esa renovación sea por sextos. ¿Hasta cuándo las entidades públicas podían identificar contratos CAS a plazo... TUO del Código Procesal Civil [actualizado 2022]. Es decir, en el presente caso, el juez penal instauró instrucción por el delito de peculado en general, delimitando claramente en sus fundamentos la modalidad delictiva en la que presumiblemente habría incurrido el imputado, es decir, peculado doloso. En este contexto el Tribunal Constitucional es el primer garante del orden constitucional democrático y del gobierno legítimamente constituido; de ahí que quien participe de la ruptura del orden institucional del Estado democrático debe ser sometido a las vías judiciales en base a las normas legales que establecen responsabilidades con las garantías de un debido proceso.